SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Elaboramos conjuntamente con la entidad el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, le facilitamos las gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control y le explicamos cómo debe llevar a cabo el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.

Artículo 29. Formación de empleados

Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.

Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno. Diseñamos cursos a medida del cliente y su sector, dirigidos a empleados y directivos, eminentemente prácticos. La mejor manera de reducir los riesgos de blanqueo de capitales consiste en mantener a los empleados debidamente formados, de modo que sean capaces de identificar operaciones sospechosas.

Sujetos obligados:

• Las entidades de crédito.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
• Las empresas de servicios de inversión
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las sociedades de garantía recíproca.
• Las entidades de pago.
• Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
• Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
• Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos.
• Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
• Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
• Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
• Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
• Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Los casinos de juego.
• Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
• Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
• Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
• Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
• Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
• Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
• Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
• Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
• Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.